Ejidatarios y representantes de comunidades rurales exigen el cese de tres trabajadores
Por Jared García > Quequi
Chetumal. Ejidatarios y representantes de comunidades rurales en el sur de Quintana Roo demandaron la destitución inmediata de tres empleados del Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 44 con sede en Chetumal, a quienes acusan de manipular resoluciones judiciales y beneficiarse económicamente de los procesos agrarios.
En un pronunciamiento dirigido a la magistrada numeraria Larisa Ortiz y a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, los campesinos expresaron su preocupación por los presuntos actos de corrupción que, aseguran, se han mantenido impunes durante varios años dentro de la institución.
De acuerdo con las denuncias, uno de los señalados es Carlos Basurto, secretario “B”, a quien acusan de influir en la redacción y orientación de sentencias a favor de intereses particulares, convenciendo a magistrados para firmar proyectos que no se apegan a derecho.
Otro de los mencionados es Jhonatan, quien, según los quejosos, fue ascendido de actuario a jurídico, posición desde la cual habría incrementado las presuntas exigencias económicas a los justiciables.
Los inconformes señalaron también a Juan, empleado adscrito a la oficina de control y recepción de documentos, a quien califican como “el operador principal del negocio interno”, debido a que toda demanda, promoción o acuerdo que ingresa o sale del TUA pasa por sus manos.
Según los testimonios, este funcionario aprovecharía esa posición para cobrar “bonos” a cambio de adelantar o manipular información procesal.
Durante la reciente visita de supervisión de la magistrada numeraria, los usuarios del tribunal reiteraron su inconformidad y recordaron que este tipo de señalamientos ya habían sido planteados anteriormente a otros funcionarios, como la ex presidenta Maribel Méndez y el magistrado Pérez Gasca, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas disciplinarias.
Los ejidatarios expresaron su frustración ante la falta de acciones concretas, ya que, aseguran, los empleados implicados desestiman las denuncias calificándolas como “chismes” o “calumnias” para evitar sanciones.
“Los campesinos, ejidatarios y ciudadanos honestos estamos considerando cerrar las instalaciones del tribunal si las autoridades superiores no actúan. Es necesario limpiar la institución y acabar con las malas prácticas que afectan la justicia agraria”, advirtieron los inconformes.
El llamado fue dirigido de manera especial a la presidenta del Tribunal Superior Agrario y a la propia presidenta de la República, a fin de que se intervenga y se inicie una investigación formal que permita erradicar las presuntas redes de corrupción dentro del Tribunal Unitario Agrario en Chetumal.
