José María Morelos. La posibilidad de establecer un registro obligatorio de líneas telefónicas continúa generando opiniones divididas, principalmente por las dudas que existen sobre el destino de la información personal y las garantías para proteger la privacidad de los usuarios.
David Gómez Tox, presidente del Frente Cívico Quintanarroense, señaló que una parte de la ciudadanía mantiene desconfianza hacia cualquier mecanismo que implique proporcionar más datos para utilizar un teléfono celular. Explicó que muchas personas temen que esa información pueda ser utilizada con fines distintos a los anunciados o que facilite esquemas de vigilancia.
Indicó que el acceso a internet y a la telefonía móvil ha crecido de forma considerable en los últimos años, incluso en comunidades rurales de Quintana Roo, donde los dispositivos celulares se han convertido en herramientas indispensables para la comunicación, el trabajo, la educación y el acceso a servicios.
Precisó que este avance tecnológico también ha incrementado el interés de la población por conocer cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos personales, por lo que existe una mayor exigencia de transparencia antes de aceptar nuevas obligaciones relacionadas con el uso de la telefonía.
Gómez Tox consideró que cualquier propuesta de registro debe explicar con claridad quién administrará la información, cuánto tiempo será resguardada, quién podrá consultarla y cuáles serán los mecanismos para evitar filtraciones o usos indebidos. Afirmó que la confianza ciudadana dependerá, en gran medida, de la existencia de controles legales y técnicos que garanticen la protección de los datos.
Añadió que el debate no debe centrarse únicamente en la implementación de un registro, sino en lograr un equilibrio entre las estrategias de seguridad pública y el respeto a los derechos de privacidad, de manera que las medidas adoptadas cuenten con respaldo legal y certeza para la población.
