Operativo conjunto de tres días en el estado captura a migrantes de México y Centroamérica.
Estados UnidosPor Agencias
En una ofensiva de seguridad que se extendió por tres días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 152 migrantes en el estado de Florida. La operación, ejecutada en conjunto con fuerzas locales, se centró en la localización de ciudadanos provenientes de México y diversos países de Centroamérica. Según informaron las autoridades migratorias este martes, el despliegue responde a una estrategia de «limpieza» de vecindarios para retirar a individuos con perfiles delictivos.
El operativo fue posible gracias a los polémicos «acuerdos 287(g)», un marco legal que faculta a las policías estatales y locales para colaborar estrechamente en tareas de control migratorio. En esta ocasión, la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) trabajaron hombro con hombro con los agentes federales. Tan solo en el segundo día de actividades, las autoridades reportaron la deportación inmediata de 23 personas, acelerando los procesos administrativos habituales.
A través de sus canales oficiales, el ICE difundió imágenes de varios detenidos para justificar la urgencia de las capturas. Entre los perfiles destacados se encuentran un ciudadano mexicano culpable de fraude y un guatemalteco bajo sospecha de crueldad infantil. Asimismo, se reportó la aprehensión de dos hondureños: uno con una condena previa de ocho años por ataque con arma de fuego y otro señalado por delitos relacionados con violencia doméstica.
Este despliegue ocurre en un clima de alta tensión política y fiscal. Recientemente se filtró un reporte de la administración del gobernador Ron DeSantis que revela un gasto de 573 millones de dólares en operativos migratorios durante los últimos tres años. Estos recursos, extraídos de un fondo destinado originalmente a emergencias, subrayan la prioridad que el gobierno de Florida ha otorgado a la vigilancia fronteriza interna y a la persecución de personas indocumentadas.
Por su parte, el gobernador DeSantis ha defendido estas acciones asegurando que ningún otro estado ha sido tan proactivo en la materia. Bajo su gestión, se ha vuelto obligatorio para todas las autoridades locales firmar los acuerdos de cooperación con el ICE. Esta política de mano dura ha derivado en el arresto de aproximadamente 20,000 migrantes en los últimos nueve meses, consolidando a Florida como un laboratorio de políticas restrictivas en la Unión Americana.
Finalmente, el panorama para la comunidad migrante en la región se vislumbra aún más complejo debido a las nuevas legislaciones impulsadas desde el Congreso local. Además de los arrestos masivos, DeSantis busca implementar medidas que prohíban a los indocumentados el envío de remesas a sus países de origen. Esta presión económica y policial marca un punto de inflexión en la narrativa de los derechos humanos y la gestión migratoria en el sureste de Estados Unidos.
