Un tribunal impide a Trump revocar el TPS para 350 mil haitianos en el país.
Estados UnidosPor Agencias
Un tribunal de apelaciones estadounidense emitió un fallo decisivo que impide al gobierno de Donald Trump revocar las protecciones legales que permiten a más de 350 mil haitianos residir y trabajar en el país. Esta resolución judicial evita, por el momento, que miles de familias sean devueltas a su nación de origen, manteniendo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha sido fundamental para esta comunidad migrante durante años.
La corte federal justificó su decisión señalando que el gobierno no logró demostrar que mantener estas protecciones causara un «daño irreparable». En su fallo, los magistrados destacaron que suspender la sentencia previa solo alteraría el statu quo y aumentaría la incertidumbre mientras el proceso legal sigue su curso, rechazando así la solicitud de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional para poner fin al programa.
Este beneficio para la población haitiana se implementó originalmente en 2010, como respuesta al catastrófico terremoto que devastó la isla. Desde entonces, la medida se ha extendido en múltiples ocasiones debido a la persistente violencia de las pandillas y la inestabilidad política, factores que han provocado el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas que buscan refugio en territorio estadounidense.
En paralelo a este revés judicial para la administración, surgió un escándalo sobre la privacidad de datos. La senadora demócrata Elizabeth Warren denunció, basada en un fallo de la jueza Colleen Kollar-Kotelly, que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió ilegalmente información confidencial de contribuyentes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en más de 42 mil ocasiones.
Nina Olson, fundadora del Centro de Derechos del Contribuyente, afirmó que esta práctica confirma la existencia de una política institucional que viola sistemáticamente el código de rentas internas. Según la experta, el intercambio de direcciones y datos personales sin el debido proceso legal transgrede las protecciones básicas que la ley otorga a cualquier contribuyente, independientemente de su estatus migratorio.
La controversia se intensificó tras revelarse un acuerdo firmado en abril por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Dicho convenio permitía que el ICE enviara nombres de inmigrantes sin permiso legal al IRS para cotejarlos con registros tributarios, una maniobra que ahora se encuentra bajo el escrutinio de los tribunales federales por su dudosa legalidad.
