Empresarios y comuneros la consideran inviable
Por Jared García > Quequi
Chetumal. Organismos empresariales y comisariados ejidales de la zona sur de Quintana Roo, solicitaron a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional que establezca una regulación clara y sostenible para la región, ya que la declaratoria de un Área Natural Protegida (ANP) en el sistema lagunar Bacalar–Chetumal, es inviable.
El documento entregado en la Oficialía de Partes de la gobernadora, fue suscrito por el presidente de la Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil; Víctor Dogre, representante de la Asociación de Hoteles del Centro y sur de Quintana Roo, Esteban Mera Villanueva, presidente de la Canirac de la capital del Estado, Roberto Salgado, presidente del Consejo Comunitario de la Laguna de Bacalar, Héctor Peña Fuentes, presidente de Asociación Civil Amigos de Xul-Ha acompañados de Pedro Cervantes, Comisario de Pedro Antonio de los Santos; Crescencio Hoy, Comisario Ejido Buenavista;
Hilario Huerta Ascensión, del Ejido Santa Elena; Druso Mayitza, de la Península; representantes de los ejidos Aarón Merino y Calderitas, así como de Hugo Galleti y Diego Rojas, representantes de propietarios de predios de la costera de la Laguna de Bacalar.
Los firmantes reprobaron las recientes declaraciones del director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales de Quintana Roo (Ibanqroo), Javier Alberto Carballar Osorio, quien retomó la posibilidad de impulsar la declaratoria de ANP en el polígono que abarca Bacalar e Ichkabal.
Los representantes recordaron que desde 2017 mantienen una oposición firme contra el proyecto, al considerar que los problemas ambientales de la laguna de Bacalar, como la turbidez generada por arrastre de sedimentos en temporada de lluvias y la contaminación en aguas subterráneas por agroquímicos, no se solucionan con una ANP.
En su lugar, proponen un esquema de autorregulación con metas, plazos e indicadores que contemple saneamiento de cárcamos críticos, reforestación, conexión al drenaje y monitoreo ambiental permanente, además de la actualización del Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) y los Programas de Desarrollo Urbano de Bacalar y Othón P. Blanco.
Entre las medidas planteadas destacan la creación de un Fideicomiso Regional de Conservación y Desarrollo para financiar vigilancia, restauración, proyectos productivos verdes y economía circular, así como garantizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades agrarias en decisiones regulatorias.
Asimismo, enfatizaron que experiencias previas con ANPs en Quintana Roo, como Sian Ka’an, Yum Balam y el Parque Jaguar en Tulum, han demostrado vacíos legales, limitaciones de gestión y afectaciones sociales, por lo que no deben repetirse en la zona sur.
Los organismos subrayaron que Bacalar y la Bahía de Chetumal requieren un modelo de ordenamiento con desarrollo turístico sostenible, basado en reglas operativas de mitigación, saneamiento hídrico, infraestructura básica y beneficios tangibles para ejidos, MIPyMES y comunidades locales, sin necesidad de decretar un Área Natural Protegida.
